Con fundamento en más de 1.000 horas de interceptación, análisis de documentos, vigilancias y seguimientos y al menos un año de investigación, la Fiscalía General de la Nación logró evidenciar, nuevamente, la existencia de la mediación de congresistas en la adjudicación irregular de la contratación del país, a cambio de porcentajes.

En este caso, se trataría de una organización criminal que gestó la adjudicación irregular de contratos desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a personas que, a través de falsedades, los recibían por su relación con congresistas.

Segundo caso de “mermelada tóxica”

La investigación tiene origen en una invitación hecha por Fonade el 2 de marzo de 2017, para adjudicar la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en la Fase II del programa de vivienda gratuita, que se desarrolla en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.

Por tratarse de un proceso de convocatoria privada, era potestativo del director de la entidad invitar a quienes considerara pertinente. En este caso, llamó a 3 empresas: 1. Técnicas Territoriales y Urbanas SL Sucursal Colombia TTU; 2. KHB Ingeniería S.A.S. y 3. Tecnologías y Consultorías Amientales y de Gestión S.A.S. Tecniconsulta S.A.S

La representante legal de esta última, Marcela Sofía Alies Fuentes, se unió con Juan Felipe Morales Tabares, de ISOAM S.A.S y con Amaury Segundo García De La Espriella, de Grupo Orión., para presentarse a la invitación como ‘Consorcio Interviviendas’. Al proceso de contratación sólo se presentaron Técnicas Territoriales y Urbanas, TTU y el Consorcio Interviviendas.

Según los elementos materiales probatorios recaudados, este consorcio fue contactado por Richard Kamal Náder Ordosgoitia y por Ronald Ruiz de León, quienes habrían fungido como personas vinculadas al senador Musa Besaile para la adjudicación de este contrato. Ellos habrían advertido a los miembros del consorcio que debían cancelar el 25% del valor total a ‘los senadores’ y el “10% para el director de la Torre Negra”, que se presume corresponde a un funcionario de alto rango de Fonade.

Para adjudicar el contrato al consorcio, habrían falsificado los documentos que certificaban idoneidad y, para acreditar la experiencia exigida, habrían acudido a la representante legal de Tecniconsultas, a cambio de pagarle $200’000.000 (doscientos millones de pesos). La propuesta presentada por Tecniconsultas no cumplía con ninguno de los requisitos requeridos. De hecho, Náder Ordosgoitia, quien tendría la capacidad de intervenir en el proceso a través de dos funcionarios de Fonade, habría tenido información privilegiada acerca de cuáles eran las fallas en los documentos radicados ante la entidad.

Los funcionarios con quienes aparentemente tenía contacto, eran Jorge Iván Henao Ordóñez, asesor de contratación de gerencia, Jorge Eliécer Córdoba Quintero y Antonio María Sánchez Lozano, funcionarios de otras áreas de la entidad. Para garantizar que la propuesta quedara en manos del Consorcio Interviviendas, los miembros de éste habrían contactado a TTU, el otro proponente, y habrían acordado el pago de $200’000.000 (doscientos millones de pesos) para que presentaran una propuesta inviable, de manera que resultara perdedora. El Comité Evaluador de Fonade recomendó declarar fallido el proceso a comienzos del mes de abril de 2017, obstáculo que se habría salvado con la intervención de otros funcionarios de esa entidad, a quienes se les habría ofrecido una coima si se obtenía un concepto favorable al proceso.

Para lograr que la adjudicación se diera, en varias ocasiones habría intervenido el congresista Eduardo José Tous. El 25 de abril se obtuvo el concepto favorable en el que se le adjudica al Consorcio Interviviendas el contrato y el 26 de abril se llevaron a cabo los trámites ante una entidad bancaria ubicada al frente de Fonade, en Bogotá, para retirar los recursos que se distribuirían entre los funcionarios del área jurídica implicados.

Finalmente, el contrato se celebró el 8 de mayo de 2017. Posteriormente, se evidenciaron pagos desde la cuenta del consorcio hacia la de Amaury García quien, a su vez, hizo consignaciones para Richard Náder y Ronald Ruiz de León, el otro intermediario.

Lo pactado y lo pagado

 Las investigaciones permitieron determinar que: 1. Se habría pactado un pago de $4.153’000.000 (cuatro mil ciento cincuenta y tres millones de pesos) para senadores, entre ellos Musa Besaile, correspondientes al 25% del valor total del contrato. 2. Se habrían pagado por lo menos $60’000.000 (sesenta millones de pesos) a Richard Náder y cerca de $36’000.000 (treinta y seis mil pesos) a Ronald Ruiz de León, presuntos intermediarios del exsenador Musa Besaile. 3. Se habrían pagado $15’000.000 (quince millones de pesos) a los funcionarios del área jurídica de Fonade que participaron en la operación. 4. Se prometió el pago de $200’000.000 (doscientos millones de pesos) al equipo evaluador de proyectos de Fonade, pagaderos durante la ejecución del contrato. 5. Se ofrecieron $200’000.000 (doscientos millones de pesos) a Marcela Alies Fuentes, quien aportó la experiencia al consorcio adjudicatario. De estos ya le habrían pagado $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

Capturas

En el día de hoy fueron capturados por estos hechos las siguientes personas:

Funcionarios: - Felipe Rodríguez Mariano, miembro del Comité Evaluador de Fonade - Jorge Eliécer Córdoba Quintero, integrante de la oficina jurídica de Fonade - Antonio María Sánchez Lozano, integrante de la oficina jurídica de Fonade.

Contratistas: - Amaury Segundo García De La Espriella - Juan Felipe Morales Tabares.

Particulares: - Richard Kamal Náder Ordosgoitia - Ronald Rafael Ruiz de León.

Que se investiguen a los senadores

Adicionalmente, el fiscal de conocimiento ha decidido compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que se indaguen las presuntas conductas irregulares en que habrían incurrido el entonces senador Musa Besaile y el entonces representante a la Cámara Eduardo José Tous de la Ossa. Por lo demás, se ha dispuesto la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta de los servidores públicos investigados, en el marco de sus competencias.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.